Por: Laura Ante Hurtado
Ilustración: Yeraldina Márquez @ellayeraldina
El Espacio Humanitario de Puente Nayero está habitado por alrededor de 1.300 personas afrodescendientes, que desde su territorio aún velan por la preservación de sus prácticas de vida, sistemas productivos locales y medios tradicionales de subsistencia en torno al agua. El espacio está ubicado en el barrio la Playita – Calle San Francisco de la ciudad de Buenaventura, puerto marítimo principal de Colombia, el cual actualmente atraviesa una grave crisis humanitaria en materia de seguridad. Paradójicamente, esto ocurre sin disminuir el índice de pobreza multidimensional del 66% , donde el 64% de la población urbana y el 91% de la rural son personas pobres, y el 9,1% vive en condiciones de miseria [1].
En Buenaventura es evidente que los barrios que se encuentran ubicados en los terrenos ganados al mar, como Puente Nayero, tienen índices de pobreza más elevados que el perímetro urbano. Esto se debe principalmente a la exclusión social a la que es sometida la población asentada en estos territorios, la cual es, en su mayoría, víctima de desplazamiento forzado, proveniente de la zona rural de Buenaventura y municipios aledaños [2]. A su vez, por el gran porcentaje de población que pertenece a subgrupos como madres cabeza de familia, menores de edad y adultos mayores, grupos que constitucionalmente se han reconocido como de situación de extrema vulnerabilidad [3] .
Esta vulnerabilidad obedece a que, antes y después de los hechos de desplazamiento, se les ha vulnerado sus derechos fundamentales de manera ininterrumpida. De igual forma, también son vulnerados por las afectaciones que sufrieron de manera colectiva e individual con el actuar delictivo de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus grupos herederos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y disidencias, durante el conflicto armado y después de la firma de los Acuerdos de Paz [4] .
Las garantías fundamentales que se le han violentado a la comunidad del Espacio Humanitario de Puente Nayero a título individual y colectivo son la vida digna; integridad y seguridad personal, igualdad, trabajo, salud, vivienda digna, educación con pertinencia étnica; mínimo vital, y protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños y niñas.
Dichas violaciones obedecen a un problema estructural en el que los actores oscilan entre grupos paramilitares, grupos de delincuencia común, extintas FARC EP y sus disidencias, como también las instituciones y autoridades estatales que estando en posición de garantes de la protección de los derechos de estos grupos poblacionales se sustraen de su obligación, sea por la falta de capacidad o por el racismo que predetermina tanto sus acciones como omisiones.
Los factores de vulnerabilidad actuales que dejan en estado de indefensión a la población del espacio humanitario son el bajo nivel de escolaridad, el bajo índice de trabajo formal, la pobreza marcada por el racismo estructural, marginalidad y exclusión social, precariedad del servicio de salud, deficiencias en acueducto y alcantarillado, deficiencias en el saneamiento, carencia de educación con enfoque diferencial, debilitamiento de los liderazgos por las omisiones en la protección de la vida de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos, inseguridad jurídica frente a sus derechos colectivos sobre la tierra, inseguridad con ocasión a la violencia que circunda el espacio humanitario y temor generalizado a ser revictimizados por grupos al margen de la ley.
La frecuencia con la que ocurren eventos socioeconómicos de carácter traumático que dejan en estado de indefensión a la comunidad del espacio humanitario es permanente, esto puede observarse por ejemplo en hostilidades que amenazan la vida e integridad. Por ejemplo, las afectaciones más recientes han consistido en ataques a su modelo de autoprotección colectiva, como la destrucción de sus cámaras de seguridad [5] , hurtos de lanchas de los pescadores de la comunidad y su consecuente intimidación, retención ilegal [6] y desplazamiento [7] . Asimismo, la permanencia de grupos derivados del paramilitarismo en los alrededores de Puente Nayero amenazan la vida, integridad y libertad sexual de las niñas, jóvenes y mujeres del espacio humanitario [8] .
Debido al daño de los hechos enunciados, es una comunidad que resulta con graves afecciones psicosociales, con pérdida de vidas, desarraigada, atemorizada y expuesta a la revictimización.
Uno de los factores más alarmantes es el estado de riesgo extraordinario bajo el cual se encuentran los líderes y lideresas sociales del espacio humanitario. Los ataques a la vida, integridad y seguridad personal ponen en riesgo la preservación e identidad cultural de la comunidad . Asimismo, las falencias de los protocolos de protección garantizados por la Unidad Nacional de Protección los deja desprotegidos al no incorporar los enfoques diferenciales con perspectiva racial y étnica, los cuales los hace inefectivos frente a las dinámicas del conflicto en territorio étnico. Además, se obstaculizan las labores de defensa oportuna de la comunidad y el territorio en su relación urbano-rural.
Todos estos riesgos y vulnerabilidades contribuyen a la desterritorialización de la comunidad negra del Espacio Humanitario de Puente Nayero, afecta su derecho a la vida digna, trabajo, formas propias de organización social, igualdad material, medioambiente; resquebraja su base social y poco a poco la desintegra.
Por estas razones, los líderes y lideresas del espacio humanitario se encuentran replanteándose el rol de las entidades estatales encargadas de garantizar el derecho a la vida, integridad y seguridad, más en contextos de graves crisis humanitarias como lo es Buenaventura. La comunidad del Espacio Humanitario de Puente Nayero, sus líderes y lideresas, actualmente requieren una mesa de diálogo con la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, funcionarios de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Unidad Nacional de Protección para obtener el reconocimiento a su ejercicio comunitario de caracterizar las vulnerabilidades que los circundan y de construir su protocolo de autoprotección individual y colectiva.
Referencias y fuentes
[1] Semana. Las seis deudas históricas por las que protestan en Buenaventura. 22 de mayo de 2017.
[2] Ver anexo 3. Análisis encuesta Percepción de seguridad en el espacio humanitario de Puente Nayero. Págs. 1 y 6.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T 025 de 2004. Pág 1.
[4] Ver anexo 3. Análisis encuesta Percepción de seguridad en el espacio humanitario de Puente Nayero. Págs. 7-11 y 15.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Nuevamente se presenta destrucción de cámaras de protección en espacio humanitario de Buenaventura. 14 de julio de 2021.
[5] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Intento de secuestro y amenaza de muerte a dos niñas. 8 de noviembre de 2021.
[6] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Hurto de bienes del espacio humanitario puente nayero en presencia de la fuerza pública. 22 de julio de 2021.
[7] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Intento de secuestro y amenaza de muerte a dos niñas. 8 de noviembre de 2021.
[8] Ver anexo 4. Análisis encuesta líderes sociales.
