En Colombia la anticoncepción es un derecho garantizado a todos los ciudadanos sin distinción por razones de sexo, raza, origen o religión. El Estado colombiano materializa este derecho con la inclusión de los diversos métodos anticonceptivos dentro del Plan de Beneficios en Salud, en el que se incluye el paquete de servicios básicos de salud sexual y reproductiva.
La emergencia sanitaria ocasionada en todo el mundo por el virus SARS-CoV-2 ha traído consigo, para la mayoría de la población, dificultades en el acceso a servicios hospitalarios, y Colombia no ha sido ajena a esto. La red hospitalaria del país se paralizó frente a la atención de patologías médicas distintas al covid 19, debido a que los recursos humanos y económicos disponibles, y los que se gestionan, se han destinado a fortalecer la red en lugares donde no se encuentra en buenas condiciones.
Por eso, el acceso de los ciudadanos a servicios de salud sexual y reproductiva y, de manera más específica, a anticonceptivos, se ha visto restringido especialmente para las mujeres de zonas rurales y de minorías étnicas como la afrodescendiente y la indígena, según la última encuesta nacional de demografía y salud. Entre las mujeres de las zonas urbana y rural, donde predominan habitantes de estas comunidades, existe una brecha importante de acceso a métodos anticonceptivos, pues en las zonas urbanas el suministro a través de las EPS (27.4%) es del doble que en las zonas rurales (13.%). En ambas zonas comúnmente el suministro se obtiene en farmacias y de manera particular, lo que pone a las mujeres de la zona rural en desventaja.
Las mujeres de las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y con menor inversión pública, con prevalencia de población afrocolombiana, son quienes más se han visto perjudicadas ya que, debido a concepciones patriarcales arraigadas en nuestra sociedad, es a ellas a quien se les ha encargado la responsabilidad de la planificación familiar. Ejemplo de ello es que de los más 8 métodos anticonceptivos disponibles en el Plan de Beneficios en Salud, al menos 6 son de aplicación exclusiva femenina y los otros dos están enfocados en la población masculina (a saber, preservativos y esterilización). Esto pese a que la responsabilidad del acceso al método se entiende compartida entre ambas partes.
En lo que va corrido de la emergencia sanitaria, las mujeres negras de zonas urbanas y rurales han pausado su planificación familiar pues la situación las puso frente a una serie de barreras como la poca o nula disponibilidad del método anticonceptivo, falta de recursos económicos para pagar el valor del método, falta de personal de salud disponible para su aplicación, o la guía sobre cómo debe utilizarse, no poder salir de casa a adquirir el medicamento necesario, y en las zonas más remotas, dificultad para transportarse hasta el lugar de compra o aplicación. Las mujeres que habitan en las zonas más periféricas del país tienen una mayor probabilidad de enfrentar no una sino varias de las barreras de acceso mencionadas con anterioridad, lo que dificulta que puedan tener una vida sexual y reproductiva saludable que no ponga en riesgo su vida.
En veredas y corregimientos, los anticonceptivos solo llegan cuando desde el hospital público más cercano, una EPS, o entidades privadas, se realizan brigadas con el fin de fomentar una cultura de buenos métodos de planificación familiar, como la que ejecutaron Profamilia y IPPF en el 2018 con el proyecto Acceso Ahora, consistente en la prestación de servicios de anticoncepción en las zonas rurales de los municipios de Istmina, Tadó y Riosucio entre otros. Este tipo de brigadas se realizan en estas zonas con el objetivo de mejorar las condiciones de salud sexual de la población, sin embargo, son proyectos con una vigencia determinada, por lo que se presenta en las comunidades un riesgo de desabastecimiento una vez el evento termine. Las mujeres afrodescendientes de las zonas rurales del país se ven, en ocasiones, frente al dilema de emplear el dinero que ganan trabajando en adquirir anticonceptivos o alimentos para ellas y sus familias.
A pesar de lo garantistas y amplias que son las normas en Colombia sobre este tema, lastimosamente el país se encuentra aún lejos de poder brindarles a las mujeres de las zonas rurales y urbanas más apartadas la posibilidad de ejercer su derecho de acceso a planes integrales de salud sexual y reproductiva. La anticoncepción no debe ser un lujo, sino un derecho que se le garantice a toda la mujer en Colombia, especialmente a quienes tienen dificultades para acceder a estos métodos por su propia cuenta, pues es a través de ellos como pueden decidir sobre su cuerpo y su futuro y tener maternidades deseadas dentro de su proyecto de vida.
