Esta es la segunda de una serie de columnas de Dejusticia sobre desigualdad, racismo y violencia policial en el Paro Nacional del 2021. Esta segunda entrega estuvo a cargo de investigadores de Dejusticia. Ilustración: Yeraldina Márquez
Por: Sofía Forero-Alba, Julián Gutiérrez y David Murillo
Todo comenzó el 28 de abril. Lo que fue una jornada de movilización para rechazar una reforma tributaria impopular, se convertiría en el combustible de una agenda de reivindicaciones sociales históricas: pobreza y desigualdad económica; acceso a educación, trabajo y salud; discriminación étnica, racial y de género; violencia e impunidad; el incumplimiento de los Acuerdos de paz. Así comienza el Paro Nacional de 2021, convocado por el Comité Nacional de Paro y otros movimientos sociales y populares, luego sostenido por los y las jóvenes de las primeras líneas y la Minga Social, Popular y Comunitaria, y atravesado por el sabor agridulce de la violencia policial, especialmente en la ciudad de Cali.
En la primera entrega de esta serie de columnas sobre desigualdad, racismo y violencia policial, analizamos cómo las condiciones históricas de pobreza y desigualdad en Cali se vinculan con la existencia de un racismo estructural que motiva, en buena medida, la movilización social de las y los jóvenes afro. Aquí, en cambio, pretendemos mostrar cómo, durante el Paro Nacional, el uso de la fuerza por parte de la Policía en la capital del Valle del Cauca ha sido desproporcionado, incluso cometiendo conductas que configuran delitos en el ámbito penal, contrarias al mandato constitucional de asegurar los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Estas acciones parecen responder a un racismo estructural histórico, que presentamos en nuestro primer análisis.
La ciudad de la furia
El mayor número de protestas durante el Paro Nacional se concentró en Cali, capital del Valle del Cauca. Según un informe de Amnistía Internacional, esta ciudad fue también el epicentro de la peor violencia de la fuerza pública y grupos civiles armados -con aquiescencia y complicidad de la policía- contra manifestantes. En total, suman más de 82 víctimas afrodescendientes entre 13 y 60 años, entre homicidios, desapariciones forzadas, detenciones y violencias basadas en género.
Ahora bien, de acuerdo con CODHES, los 11 lugares de concentración de las manifestaciones, plantones y bloqueos se distribuyeron predominantemente en las zonas Puerto Rellena, Calipso, Nuevo Latir, Puente de los Mil Días (Zona Oriental), Sameco y Paso del Comercio (Nororiental); Siloé, Portada al Mar y Meléndez (Ladera); y Loma de la Cruz y La Luna (Corredor Central). La información recolectada y analizada por el equipo de Cerosetenta muestra que el número total de muertes producidas en Cali, directamente relacionadas con las protestas y con ubicación confirmada, ascienden a 36. Teniendo en cuenta la distribución geográfica realizada en nuestra anterior columna, estos fallecimientos se dieron de manera desigual entre el Corredor (4), la Ladera (7), y la zona Oriental (25).
De esta última ubicación, sin embargo, la mayoría de las muertes (17) coinciden con los cuatro puntos de protesta ubicados en el Distrito de Aguablanca: Puerto Resistencia (Puerto Rellena), Apocalipsis (Calipso) Nuevo Latir y Puente de las Mil Luchas (Puente de Mil Días). Es decir, el 47,2% de las muertes registradas con ubicación confirmada se dieron en la zona con una alta pobreza y presencia de comunidades negras y afro en la ciudad de Cali, cifra cuatro veces superior a las presentadas en el corredor central de la ciudad (11,1%).
Tales cifras y los siguientes mapas concuerdan con el informe presentado por varias organizaciones y lideresas sociales[1] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según este, “los barrios con mayor población afrodescendiente, y epicentro de las manifestaciones en el paro, se encuentran ubicados mayormente en el oriente de la ciudad o en partes de la zona ladera, esto coincide con los barrios con mayores indicadores de necesidades socioeconómicas insatisfechas y sectores con población víctima de desplazamiento forzado en el contexto de conflicto armado, provenientes de la región del Pacífico y del norte del Cauca”.
[1] Proceso de Comunidades Negras -PCN; Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES-Cali; Asociación Casa Cultural El Chontaduro; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Ilex Acción Jurídica; Corporacion Internacional Raza, Igualdad y Derecho; Humanos, Raza e Igualdad; Forest People Programme; Francia Márquez; ACONC; Asociación de Mujeres; Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM; Lila Mujer; Palenque El Congal, Buenaventura; Colectivo Justicia Racial.
Fuente: (ii) Concentración de personas afrocolombianas en Cali, DANE; (ii) Puntos de protesta en Cali, Informe Informe afectaciones a pueblo negro afrodescendiente en Colombia el marco del Paro Nacional; (iii) Cartografía de la violencia policial, (Mapa Innteractivo online), Cerosetenta
Violencia policial con perfilación racial
Este tema, sin embargo, no es nuevo. La Defensoría del Pueblo había emitido en 2018 una alerta temprana por el riesgo en que se encontraban quienes habitan varias de estas zonas, en su mayoría población afro en vulnerabilidad socioeconómica: altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desempleo, necesidades básicas insatisfechas y baja prestación de servicios sociales, con una presencia estatal en seguridad limitada.
De acuerdo con Ilex Acción Jurídica, la situación de violencia policial racista hace parte de un problema histórico y estructural que se caracteriza por tratos discriminatorios, violencia verbal y simbólica, vulneración al derecho a la integridad y libertad personales, criminalización, perfilamiento y uso excesivo de la fuerza y de las armas. Según Temblores ONG, “los 33 homicidios registrados en los [últimos] tres años en contra de personas afro demuestran que esta población se encuentra en alto riesgo de ser asesinada por la policía”. En el mismo sentido, una investigación de Dejusticia (2013) sobre orden público y perfiles raciales en Cali, concluyó que, por parte de la policía, “hay cierto vocabulario y modo de proceder discriminatorio[…]. Las agresiones verbales, como preámbulo a una agresión física, son una constante y tienen en su gran mayoría algún tipo de ofensa asociada a un tema racial”.
Pero también llama la atención el comportamiento del sistema judicial. El estudio de Ilex evidencia altos niveles de impunidad en casos de violencia y abuso policial contra personas afrodescendientes y la revictimización en el curso de procesos judiciales. Dejusticia también ha evidenciado que existe impunidad tras incidentes de discriminación racial. Las personas afectadas desconfían de la capacidad del sistema judicial para dar una respuesta respecto a la responsabilidad por parte de la policía en estos casos.
Así, parece que son pocas o nulas las herramientas judiciales que tiene la población afrodescendiente para luchar contra la discriminación racial, ya sea institucional o cotidiana. Si bien existe una ley que tiene por objetivo sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, entre otras, esta no ha sido un instrumento verdaderamente útil. De hecho, el CEDR, en sus observaciones al informe presentado por Colombia en 2019, recomienda eliminar los obstáculos que impidan el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afrodescendientes, especialmente en trabajo, salud y educación. Igualmente, insta a que se introduzca en la legislación una definición de discriminación racial acorde con el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Más allá del derecho
La lucha contra la discriminación racial, sin embargo, no se puede simplificar en el derecho penal, pues, como lo han resaltado diversos estudios sobre el tema, la negación y/o normalización institucional, por medio de frases como “en Colombia no hay racismo ni discriminación racial sino algo diferente”, dan cuenta de que el primer paso es la concientización sobre su existencia. Luego, sí es necesario tomar medidas que abarquen las dimensiones jurídicas, legales, pedagógicas, económicas y sociales que permitan desnaturalizar las manifestaciones de racismo, incluyendo las respuestas institucionales desplegadas por el Estado, tales como la violencia policial. En el documento Discriminación racial en Colombia: informe alterno ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) se hicieron propuestas de recomendaciones al Estado colombiano, entre las cuales se destacan: expedir legislación destinada a implementar medidas de acción afirmativa en el ámbito laboral, acceso a la vivienda, salud y educación; poner en práctica una política pública orientada a erradicar la segregación de facto de la que todavía es víctima la población afrocolombiana en las zonas urbanas; o brindar todas las garantías para el goce efectivo de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Las movilizaciones iniciadas en abril cesaron. Sin embargo, las causas estructurales, como la falta de garantía de derechos sociales, la discriminación racial y la violencia policial contra la población afrodescendiente, subsisten. La inconformidad y el descontento social de décadas, resultado de múltiples necesidades económicas básicas insatisfechas, no se solucionan reprimiendo violentamente protestas. Al contrario, es necesario que el Estado se tome en serio su papel e implemente estrategias integrales para erradicar este racismo estructural, que se ve reflejado en la subrepresentación de negros y afros en los niveles de toma de decisiones, así como en la pobreza y la desigualdad socioeconómica a la que se ven enfrentados en comparación con el resto de la población.
