Esta es la primera de una serie de columnas de Dejusticia sobre desigualdad, racismo y violencia policial en el Paro Nacional del 2021. Esta primera entrega estuvo a cargo de investigadores de Dejusticia. Ilustración: Yeraldina Márquez
Por: David Murillo, Sofía Forero y Julián Gutiérrez
En Cali, la capital del Valle del Cauca, la población afro se enfrenta a una situación de racismo estructural, marcada por la normalización y legitimación de sistema social abiertamente injusto que discrimina por razones de raza, donde estas personas se han encontrado con una carga de origen colonial que se refleja en su vida cotidiana. Un ejemplo gráfico de esta realidad apareció en la portada de la revista Hola en el año 2011, en donde 4 mujeres “de la alta sociedad” caleña posan para la foto y a sus espaldas se encuentran dos mujeres afrodescendientes trabajadoras del servicio doméstico con las vajillas de la casa.
Para el año 2015 las y los afrodescendientes en América Latina representaban el 24% del total de la población, es decir, cerca de 133 millones de personas se autorreconocían como afro. Cali, luego de Salvador de Bahía (Brasil), es la ciudad en América Latina en donde se concentra el mayor número de personas que se autorreconoce como afro, representando el 52% del total de la población de la ciudad. Buena parte de estos provienen de municipios del Litoral Pacífico, víctimas del desplazamiento a causa del conflicto armado, y buscando mejores oportunidades laborales y académicas. Sin embargo, al llegar a esta ciudad, se encuentran con una realidad a veces semejante a la de los territorios donde solían vivir: Cali se ha convertido en un reflejo de la precaria y preocupante realidad económica y social que sufren las comunidades afro en el Pacífico y en Colombia, en general.
Para 2018 la población afro en la ciudad estaba distribuida principalmente en (i) la zona oriental, (ii) la ladera y (iii) buena parte del centro oriente.
En orden (i) Conglomerados o regiones socio-geográficas de Cali, (ii) concentración de personas afrocolombianas en Cali. Fuentes: Urrea, F., Quintín, P, 2000.DANE
De acuerdo con información oficial para el año 2019, las personas con mayor vulnerabilidad por causas asociadas a factores socioeconómicos, como el empleo, y con menor capacidad de garantizar sus necesidades básicas (vivienda digna, servicios públicos, educación o independencia económica) se encontraban en las zonas periféricas de la ciudad. Aunque las cifras aquí no están discriminadas por su impacto étnico o racial, un análisis rápido de la superposición de mapas presentados en esta columna sugiere que en Cali la población afro se encuentra asentada en los distritos (o comunas) con mayores niveles de pobreza y problemáticas sociales, y puede, por lo tanto, existir una sobrerrepresentación de la comunidad afro en los índices de pobreza y pobreza extrema.
En orden (i) concentración de hogares en situación de miseria, (ii) concentración de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas y (iii) tasa de desempleo. Fuente: DANE
Esta mirada panorámica de racismo estructural, marcado por la normalización de la discriminación racial y las múltiples dificultades sociales que enfrentan las comunidades afro en la ciudad, nos lleva a pensar en las razones para la movilización social en estos territorios. Las comunidades afro han salido históricamente a las calles, ante el cierre de los canales institucionales, para manifestar su inconformidad ante la situación de pobreza y discriminación que han soportado, ejercer presión a los gobiernos para que esto cambie y se comprometan con el diseño e implementación de políticas públicas participativas y con enfoque estructural en Cali y en el departamento del Valle del Cauca.
De acuerdo con la base de datos del CINEP sobre luchas sociales en Colombia 1975-2015, en términos geográficos, entre 1975 y 2015 los departamentos que reportaron mayor número de manifestaciones fueron: Antioquia (más de 3500), Bogotá (cerca de 3500), Santander (cerca de 2500) y Valle del Cauca (más de 2000). Del mismo modo, con base en un análisis realizado por la Fundación Ideas para la Paz-FIP, 45% de los registros de movilizaciones sociales entre 2013 y 2016 corresponden al Valle del Cauca (15%), Bogotá D.C. (14%) y Antioquia (9%), principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
Estos reclamos tienen que ver con deudas históricas en materia de respeto de derechos fundamentales (vida e integridad personal, que se han visto amenazados constantemente por las condiciones de violencia en dichos territorios como consecuencia de la actuación de grupos armados) y garantías de justicia y seguridad; también, con la garantía de derechos sociales como educación, tierra/vivienda, acceso a trabajo, servicios públicos, infraestructura, entre otros; y, finalmente, con inconformidad frente a decisiones y políticas de la administración pública. La movilización social a su vez ha funcionado como un mecanismo de presión para lograr el cumplimiento de acuerdos previos que habían logrado concertarse con los gobiernos, tanto nacional como local, y que no habían sido puestos en marcha.
Ahora bien, la pandemia por Covid 19 y las medidas tomadas para su contención han tenido efectos sin precedentes sobre la capital del Valle del Cauca. La pobreza en Cali y su Área Metropolitana pasó de afectar al 21,9% de la población en 2019 al 36,3% en 2020, debido a una disminución del 50,1% en los ingresos de los hogares más pobres. Asimismo, la pobreza extrema pasó del 4,7% al 13,3%, superando el promedio nacional. Aunque los impactos económicos producidos por la pandemia son evidentes, sus efectos no han sido iguales para toda la población. El coeficiente de Gini de Cali y AM (el cual mide el nivel de desigualdad en el ingreso) pasó de 0,465 puntos en 2019 a 0,523 en 2020, el nivel más alto alcanzado desde el año 2010. Como ya dijimos, las personas en situación de pobreza aumentaron 15 puntos porcentuales; en cambio, la clase alta se redujo solamente 4 puntos. Aunque los datos más actualizados no nos permiten caracterizar de forma más precisa el impacto diferenciado de la pandemia en términos étnicos y raciales, creemos que la distribución geográfica de la pobreza en la ciudad mostrada en años anteriores, sugiere que quienes más se han visto afectado por la crisis son aquellas personas que habitaban en las zonas más pobres, las cuales coinciden con la mayor presencia de población afro.
Ante este aumento de la pobreza y desigualdad socioeconómica como consecuencia de la pandemia, la cual ha afectado sobre todo a los más vulnerables en la capital del Valle del Cauca y su Área Metropolitana, se ha producido una fuerte y masiva movilización en el marco del Paro Nacional del 2021, que en la actualidad completa más de dos meses. Ahora bien, aquellos que más han perseverado en la movilización son los y las jóvenes afro, quienes reclaman y exigen respuesta frente a una situación histórica de racismo y exclusión, falta de acceso a empleo y necesidades básicas, cierre de espacios democráticos de participación y representación, entre otros, que coincide con algunas de las breves reflexiones que aquí realizamos. La respuesta del Estado ha sido, por su parte, el cierre a los espacios de diálogo, la represión violenta, la judicialización y la criminalización de la población pobre y afro que protesta en la ciudad de Cali, lo cual ha profundizado, de vuelta, la desconfianza en las instituciones, especialmente en la fuerza pública. Este último será, naturalmente, el foco de nuestra próxima entrega.
